1. INTRODUCCIÓN

 

Las fuertes transformaciones que se están produciendo en la sociedad rural de Gran Canaria (crisis del sector agrario, fuerte competencia entre sectores por los recursos, deterioro del territorio, presión demográfica, pérdida de valores culturales, etc.) ponen de manifiesto la quiebra que sufre el modelo de desarrollo actual. Esta situación nos motiva a iniciar un proceso de reflexión que permita abordar los problemas desde una nueva concepción del mundo rural, así como el diseño de estrategias a aplicar en el ámbito rural.

 

En este sentido, el Plan de Desarrollo Rural y de las Medianías y Cumbres de Gran Canaria, en adelante PDR, pretende llegar a la plasmación de un conjunto de estrategias que afecten a todas las esferas del medio rural (ordenación del territorio, medio ambiente, producción agraria, diversificación económica, calidad de vida, etc.) facilitando la participación de todos los agentes implicados en el diseño de las mismas, así como estableciendo las pautas para su gestión.

 

Los principios que sirven de base para la elaboración del Plan son aquellos que parten de una nueva concepción de la política de desarrollo rural, entre los que podemos señalar:

 

q       Perspectiva integral. La respuesta a los problemas del medio rural no puede venir desde una perspectiva exclusivamente agraria sino desde una estrategia de desarrollo integral, poniendo en juego todas las potencialidades de sus recursos endógenos, y también la preservación de los valores medioambientales, culturales, históricos y patrimoniales.

q        Enfoque participativo. Es necesario contar con todos los agentes implicados, fomentando una participación activa de la sociedad civil.

q       Aplicar el concepto desarrollo sostenible en las estrategias de desarrollo rural que se plantean.

q       La coordinación y cooperación como un eje clave de tal manera que se favorezca la generación de sinergias entre los distintos ámbitos, agentes y sectores.

q       Garantizar la competitividad y diversificación de las actividades económicas.

q       Potenciación del papel movilizador, dinamizador y motivador del sector público.

q       Integrar la dimensión de igualdad de oportunidades, de género y de juventud.

q       Introducción de criterios de solidaridad y equidad territorial así como de protección y ordenación del territorio.

q       La formación de los recursos humanos como eje estratégico, transversal y vertebrador del desarrollo.

El PDR se concibe teniendo en cuenta los distintos planes y programas vigentes en la actualidad, con incidencia en el territorio, desde el ámbito europeo hasta el ámbito local (Marco Comunitario de Apoyo, Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, Programas Multirregionales Plurirregionales 2000-2006, Plan de Desarrollo de Canarias, Plan Director de Desarrollo Sostenible en las Medianías de Canarias, Plan de Desarrollo Ganadero de Canarias, Plan Integral de Residuos de Canarias, Plan Hidrológico de Gran Canaria, Plan Estratégico de Gran Canaria –G.C. Siglo XXI–, Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, Planes de Desarrollo Municipal, etc.) En esta línea, el esfuerzo central del Plan es favorecer la sinergia y coordinación entre las distintas administraciones, estamentos y entidades, de tal manera que el PDR sea un catalizador que permita dar coherencia a las actuaciones y políticas que se desarrollan en el ámbito rural.

 

El diseño y elaboración del PDR se ha establecido a través de un proceso metodológico  en el que se distinguen las siguientes fases:

 

1.      Elaboración de un estudio donde se contemplan todos los aspectos relacionados con el medio rural insular (territoriales, recursos naturales y humanos, actividades económicas y sociales) que permitiese diagnosticar la realidad actual y definir sus posibles ejes de actuación.

2.      La constitución de distintas mesas sectoriales donde se inicia un proceso de discusión sobre las diferentes problemáticas y las posibles soluciones. (En el capítulo 12 se hace una síntesis de las conclusiones obtenidas de los grupos de discusión de estas mesas sectoriales)

3.      Discusión del diagnóstico y recogida de propuestas de las diferentes administraciones públicas locales.

4.      Evaluación del diagnóstico y propuestas elaboradas a partir de las fases anteriores.

5.      Jornadas técnicas de presentación pública del documento.

6.      Definición de los programas concretos a desarrollar por el Plan.

7.      Acuerdo social por el desarrollo rural de la isla de Gran Canaria.

 

En la actualidad nos encontramos en la sexta fase, donde se inicia un proceso de discusión y negociación con las distintas administraciones implicadas, de tal manera que permita ir configurando los programas que materialicen y hagan operativo el PDR a la vez que ir definiendo su marco financiero. Marco financiero que se concibe a partir de las líneas marcadas en los diferentes programas y planes existentes.

 

Desde el PDR se plantea el desarrollo como un proceso vivo que está sometido a continuos cambios, de ahí que el Plan se deba entender como un documento abierto a la discusión y revisión permanente.

 

Destacar en este apartado, la deficiencia detectada en algunas fuentes información, donde tratando el mismo tema, aparecen datos distintos en función a la fuente utilizada. En algunas materias no hay una recogida de datos de forma sistemática que puedan ayudar al gestor en la toma de decisiones. En datos utilizados en este Plan, se usan algunos no suficientemente actualizados por las dificultades señaladas. Parece convenientes regularizar y centralizar los sistemas de información que suministren datos ambientales, agroganaderos y socioeconómicos.

 

1.1. El enfoque participativo

 

La participación de la población es fundamental en la consecución de los objetivos previstos en cualquier plan de desarrollo. Desde esta óptica, es necesario establecer los cauces que permitan favorecer un proceso de implicación de los agentes sociales, tanto en el diseño como en la gestión y evaluación de los programas de desarrollo.

 

Se impone hacer una reflexión sobre la necesidad de incentivar el trabajo en grupo y dinámicas de resolución de conflictos, tareas aparentemente simples pero poco practicadas en la realidad. Es casi preferible que las distintas administraciones y colectividades que trabajan en temas de desarrollo, más que resultados a cortos plazo (nº de empresas creadas, nº de empleos,...), busquen procesos de activación, lugares de encuentro y reflexión sobre las posibilidades y oportunidades de los distintos sectores. Sin duda, esto facilitará que los propios interesados diseñen estrategias creíbles y posibles de acuerdo a sus limitaciones y potencialidades, para poder consolidar ideas y proyectos.

 

La formación, tanto para los dinamizadores como para los agentes implicados, es una herramienta imprescindible en los procesos de participación. En relación con esto, se aprecian carencias formativas de los propios técnicos que trabajan en las distintas oficinas de desarrollo.

 

El trabajo de dinamización socioeconómica comienza por identificar el abanico más amplio posible de grupos de interés, abarcando todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural de la zona de actuación, determinando sus expectativas y motivaciones y logrando que se impliquen en el diseño y ejecución del Programa de Desarrollo.

 

En los procesos de desarrollo rural, las técnicas de dinamización contribuyen a que el grupo sea capaz de movilizar recursos endógenos (naturales, culturales, económicos,…) infrautilizados u ociosos, susceptibles de generar nuevas actividades y/o conseguir los objetivos de desarrollo de esa comunidad o territorio.

 

Entre los instrumentos de dinamización destacan:

 

q       La elaboración de planes municipales de desarrollo socio-económico.

q       La animación sociocultural vinculada a la dinamización, a la organización de diversas actividades y al ocio.

q       Técnicas de tipo “puertas abiertas”: conferencias públicas, medios de comunicación local, exposiciones itinerantes.

q       Mesas de discusión y reuniones sectoriales, donde se elaboran diagnósticos participativos, diseñan estrategias futuras y plantean posibilidades de actuación conjunta.

q       Exposiciones, ferias y eventos culturales.

q       Planificación de las acciones de formación, de acuerdo con los recursos y necesidades de la zona. Utilización de diferentes instrumentos: Cursos de Formación Profesional Ocupacional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, Iniciativas Comunitarias, etc.

q       Viajes e intercambios que permiten la difusión y el conocimiento directo de ideas y proyectos novedosos.

 

La necesidad de potenciar el asociacionismo

 

El proceso de muchas de las actuaciones que promocionan la participación de la población se plasma en la constitución de asociaciones, ya sean socio - culturales o económicas, e incluso en la creación de entidades mercantiles, así como de redes y estructuras de participación tanto formales como informales.

 

A escala insular se pone de manifiesto el escaso grado de asociacionismo activo que de respuesta a las necesidades básicas de la población. Existe un alto número de asociaciones registradas, pero con una baja o nula actividad. En este sentido, se hace necesario establecer mecanismos orientados a la formación y dinamización de lideres locales que favorezcan la consolidación de un tejido asociativo activo.

 

 

1.2. El medio rural en Gran Canaria

 

Intentar caracterizar la ruralidad de Gran Canaria exclusivamente a partir de los parámetros convencionales (aislamiento, baja densidad demográfica, envejecimiento de la población, la actividad agrícola como trabajo en exclusiva, etc.) conduce a priori a una interpretación errónea. Por lo tanto, para comprender y definir la ruralidad insular hemos de partir de una visión más amplia que nos permita establecer algunas características que ayuden a la interpretación de dicho fenómeno:

 

q       La ausencia de grandes distancias entre el medio rural y el mundo urbano ha provocado fuertes sinergias entre ambos espacios.

q       La fuerte incidencia de los valores rurales en el ámbito urbano, a través de vínculos familiares históricos. Hasta el año 1955 casi el 60 % de la población activa trabajaba en el sector primario (Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea, 1955-1975, BBV)

q       La gran singularidad de elementos y factores naturales que influyen en la variedad de paisajes.

q       La escasez de recursos naturales y la fragilidad de los ecosistemas insulares que han sido determinantes en el desarrollo de las zonas rurales de Gran Canaria.

q       El papel de complementariedad de la agricultura y ganadería de Medianías.

 

Hoy en día, hablar de desarrollar las zonas rurales abarca aspectos que trascienden de la agricultura o del conjunto de actividades agrarias. En el contexto insular, el medio rural mantiene aún de forma importante y duradera la función de productor de  bienes alimentarios, tanto para el abastecimiento interior como para la exportación. Sin embargo, y al igual que en muchas otras zonas rurales de Europa, y también de países en desarrollo, las funciones del medio rural van más allá de la mera producción agraria, reconociéndose el carácter multifuncional del espacio rural. En tal sentido, se incorporan a la planificación del desarrollo rural actividades fundamentales para el crecimiento, la vertebración del territorio y la protección del entorno.

 

 

1.3. Modelo territorial insular

 

Si entendemos la ordenación del territorio como “la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad” (GÓMEZ OREA, D., 1994), no es difícil comprender que el modelo territorial escogido para Gran Canaria ha olvidado el enfoque global necesario para abordar la complejidad de un territorio multifuncional, la capacidad de carga de muchos de sus ecosistemas y, fundamentalmente, la realidad y dinámica socioeconómica del medio rural y de las actividades agropecuarias que soporta. Se ha optado por una regulación parcial o sectorial, centrada casi en exclusiva en el turismo y la construcción.

 

La ausencia de dicho modelo de ordenación insular, que integre todas las variables socioeconómicas que intervienen  en el territorio,  ha propiciado la planificación territorial a una escala menor (normas municipales de ordenación), conformándose un “puzzle” incoherente de modelos distintos, que adolecen igualmente del análisis multifuncional preciso.

 

 

1.4. Problemática de las actividades agrarias

 

En la actualidad, uno de los principales condicionantes de las actividades agrarias lo constituye el hecho de que no presentan atractivo alguno para la ocupación de la población rural, y en especial de los jóvenes, tanto por su reducida rentabilidad como por ofrecer unas condiciones laborales excesivamente duras.

 

Aquellos que, a pesar de todo, se dedican o desean dedicarse a estas actividades, deben enfrentarse a otra lucha también desigual, la del territorio.

 

Por un lado, los principales núcleos de población de la Isla, que nacieron en las áreas económicamente más dinámicas, se asientan en las zonas agrícolas más productivas, receptoras a su vez de un potente desarrollo de infraestructuras.

 

En las últimas décadas, la terciarización de la economía insular y la dinámica demográfica asociada, ha provocado un rápido crecimiento de estos núcleos. Crecimiento, por otra parte, que se ha venido desarrollando de forma general a costa de los suelos agrícolas de gran valor, que han sido objeto preferente de las prácticas especulativas.

 

Por otro lado, la explotación incontrolada de los recursos naturales de la Isla, derivada de la elevada densidad de población que ha soportado históricamente, así como la indiscriminada ocupación de espacios litorales y el proceso especulativo derivado del fenómeno turístico de masas desarrollado en la costa insular, ha provocado que las actividades económicas sean percibidas como una amenaza para el frágil ecosistema insular y sus diversos elementos. Razón por la que se ha instrumentado un estricto marco normativo para la protección del medioambiente. De este modo, las actividades agropecuarias y forestales, en particular, se ven sometidas a graves restricciones en el desempeño de las labores cotidianas.

 

Bien es verdad que muchas de estas restricciones no son tales, en la medida en que no obedecen a imperativos de la extensa legislación ambiental y relativa a la ordenación del territorio. Al contrario, en muchas ocasiones se deben a la falta de regulación explícita por no elaborarse con la debida celeridad los instrumentos precisos para el desarrollo de dicha normativa. Un ejemplo claro de ello es el retraso en la aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos de la Isla, de las normas de planeamiento municipal de muchos ayuntamientos, del propio Plan Insular de Ordenación e incluso del Plan Territorial Especial Agropecuario.

 

Esta doble tendencia de ocupación de los suelos productivos por procesos de edificación y/o urbanización y la restricción de los aprovechamientos implementados en los suelos de aptitud natural, ha generado tensiones sociales en el entorno rural que evidencian la necesidad de ordenación de los suelos rústicos con la misma precisión y profundidad que hasta ahora se ha destinado a los suelos urbanos y urbanizables, con el fin de compatibilizar los aprovechamientos económicos con la preservación del medio, analizando seriamente las características, aptitudes y funciones económicas o naturales del territorio insular.

 

Existe, sin embargo, un riesgo latente. Y es que ante la falta de conocimiento acerca de cómo funcionan estos suelos y la escasez de información acerca de los sistemas naturales y las actividades económicas sustentadas en ellos, puede ocurrir que construyamos un cuerpo normativo que lejos de impulsar un desarrollo sostenible del territorio, agudice las graves disfunciones en el mismo al decantarse excesivamente hacia posturas productivistas o conservacionistas.

 

Es necesario, pues, instrumentar mecanismos dinámicos y eficaces que recaben la información necesaria para apoyar una toma de decisiones debidamente cualificada, a la par que se inicia un debate social acerca del modelo de desarrollo insular a adoptar y las necesidades de la población local, considerando la multiplicidad y diversidad socioeconómica de la Isla.

 

En la actualidad, el vigente Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria (PIOTGC), aprobado definitivamente en 1995, ha sido recientemente anulado de forma parcial por el Tribunal Supremo, y tiene probabilidades de ser anulado totalmente si se desestiman los recursos presentados por el Cabildo de Gran Canaria a la sentencia aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se le daba la razón a los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento de Mogán, en cuanto a la intromisión en sus competencias urbanísticas por parte del Cabildo, al desclasificar el Plan Insular determinados espacios turísticos de su litoral.

 

Este documento (PIOTGC 95) regula las actividades agrarias de forma genérica sin desarrollar una clasificación específica para el suelo rústico y sin incorporar la ordenación de los recursos naturales, por lo que se formula únicamente como un plan de ordenación territorial de carácter urbanístico.

 

Por otro lado, la tramitación de un nuevo documento de ordenación integral del territorio insular adaptado al reciente Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se encuentra, tras pasar el correspondiente periodo de información pública entre los meses de agosto y octubre de 2001, en la fase de aprobación provisional. En este Plan sí se contemplan la ordenación de los recursos naturales y una regulación más pormenorizada del suelo rústico, en cuanto a la zonificación del territorio y a la regulación de un régimen de usos más detallado.

 

No obstante, se hace necesario realizar, antes de la aprobación definitiva de este nuevo documento,  un esfuerzo (tanto de los organismos públicos competentes en la ordenación del territorio y de los encargados de regular las distintas actividades económicas, como de los distintos agentes sociales y económicos) para que el suelo rústico productivo mantenga su función estratégica de proveedor de recursos naturales y elementos de supervivencia y para que se potencie y favorezca la diversificación socioeconómica del medio rural.