1. INTRODUCCIÓN
Las fuertes transformaciones que se están
produciendo en la sociedad rural de Gran Canaria (crisis del sector agrario,
fuerte competencia entre sectores por los recursos, deterioro del territorio,
presión demográfica, pérdida de valores culturales, etc.) ponen de manifiesto
la quiebra que sufre el modelo de desarrollo actual. Esta situación nos motiva
a iniciar un proceso de reflexión que permita abordar los problemas desde una
nueva concepción del mundo rural, así como el diseño de estrategias a aplicar
en el ámbito rural.
En este sentido, el Plan de Desarrollo Rural y de
las Medianías y Cumbres de Gran Canaria, en adelante PDR, pretende
llegar a la plasmación de un conjunto de estrategias que afecten a todas las
esferas del medio rural (ordenación del territorio, medio ambiente, producción
agraria, diversificación económica, calidad de vida, etc.) facilitando la
participación de todos los agentes implicados en el diseño de las mismas, así
como estableciendo las pautas para su gestión.
Los principios que sirven de base para la
elaboración del Plan son aquellos que parten de una nueva concepción de la
política de desarrollo rural, entre los que podemos señalar:
q Perspectiva
integral.
La respuesta a los problemas del medio rural no puede venir desde una
perspectiva exclusivamente agraria sino desde una estrategia de desarrollo
integral, poniendo en juego todas las potencialidades de sus recursos
endógenos, y también la preservación de los valores medioambientales,
culturales, históricos y patrimoniales.
q Enfoque participativo.
Es necesario contar con todos los agentes implicados, fomentando una
participación activa de la sociedad civil.
q Aplicar el concepto desarrollo sostenible en las
estrategias de desarrollo rural que se plantean.
q La coordinación y cooperación como un eje
clave de tal manera que se favorezca la generación de sinergias entre los
distintos ámbitos, agentes y sectores.
q Garantizar la competitividad y diversificación de las
actividades económicas.
q Potenciación del papel movilizador, dinamizador y motivador del
sector público.
q Integrar la dimensión de igualdad de oportunidades, de género y de
juventud.
q Introducción de criterios de
solidaridad y equidad territorial así como de protección y ordenación del territorio.
q La formación de los recursos humanos como eje
estratégico, transversal y vertebrador del desarrollo.
El PDR se concibe teniendo en cuenta los
distintos planes y programas vigentes en la actualidad, con incidencia en el
territorio, desde el ámbito europeo hasta el ámbito local (Marco Comunitario de
Apoyo, Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, Programas
Multirregionales Plurirregionales 2000-2006, Plan de Desarrollo de Canarias,
Plan Director de Desarrollo Sostenible en las Medianías de Canarias, Plan de
Desarrollo Ganadero de Canarias, Plan Integral de Residuos de Canarias, Plan
Hidrológico de Gran Canaria, Plan Estratégico de Gran Canaria –G.C. Siglo XXI–,
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, Planes de Desarrollo Municipal,
etc.) En esta línea, el esfuerzo central del Plan es favorecer la sinergia y
coordinación entre las distintas administraciones, estamentos y entidades, de
tal manera que el PDR sea un catalizador que permita dar coherencia a
las actuaciones y políticas que se desarrollan en el ámbito rural.
El diseño y elaboración del PDR se ha
establecido a través de un proceso metodológico en el que se distinguen las siguientes fases:
1. Elaboración de un estudio
donde se contemplan todos los aspectos relacionados con el medio rural insular
(territoriales, recursos naturales y humanos, actividades económicas y
sociales) que permitiese diagnosticar la realidad actual y definir sus posibles
ejes de actuación.
2. La constitución de distintas
mesas sectoriales donde se inicia un proceso de discusión sobre las diferentes
problemáticas y las posibles soluciones. (En el capítulo 12 se hace una
síntesis de las conclusiones obtenidas de los grupos de discusión de estas
mesas sectoriales)
3. Discusión del diagnóstico y
recogida de propuestas de las diferentes administraciones públicas locales.
4. Evaluación del diagnóstico y
propuestas elaboradas a partir de las fases anteriores.
5. Jornadas técnicas de
presentación pública del documento.
6. Definición de los programas
concretos a desarrollar por el Plan.
7. Acuerdo social por el desarrollo
rural de la isla de Gran Canaria.
En la actualidad nos encontramos en la sexta fase,
donde se inicia un proceso de discusión y negociación con las distintas
administraciones implicadas, de tal manera que permita ir configurando los
programas que materialicen y hagan operativo el PDR a la vez que ir
definiendo su marco financiero. Marco financiero que se concibe a partir de las
líneas marcadas en los diferentes programas y planes existentes.
Desde el PDR se plantea el desarrollo como un
proceso vivo que está sometido a continuos cambios, de ahí que el Plan se deba
entender como un documento abierto a la discusión y revisión permanente.
Destacar en este apartado, la deficiencia detectada
en algunas fuentes información, donde tratando el mismo tema, aparecen datos
distintos en función a la fuente utilizada. En algunas materias no hay una
recogida de datos de forma sistemática que puedan ayudar al gestor en la toma
de decisiones. En datos utilizados en este Plan, se usan algunos no
suficientemente actualizados por las dificultades señaladas. Parece
convenientes regularizar y centralizar los sistemas de información que
suministren datos ambientales, agroganaderos y socioeconómicos.
1.1. El enfoque participativo
La
participación de la población es fundamental en la consecución de los objetivos
previstos en cualquier plan de desarrollo. Desde esta óptica, es necesario
establecer los cauces que permitan favorecer un proceso de implicación de los
agentes sociales, tanto en el diseño como en la gestión y evaluación de los
programas de desarrollo.
Se impone hacer una reflexión sobre la necesidad de
incentivar el trabajo en grupo y dinámicas de resolución de conflictos, tareas
aparentemente simples pero poco practicadas en la realidad. Es casi preferible
que las distintas administraciones y colectividades que trabajan en temas de
desarrollo, más que resultados a cortos plazo (nº de empresas creadas, nº de
empleos,...), busquen procesos de activación, lugares de encuentro y reflexión
sobre las posibilidades y oportunidades de los distintos sectores. Sin duda,
esto facilitará que los propios interesados diseñen estrategias creíbles y
posibles de acuerdo a sus limitaciones y potencialidades, para poder consolidar
ideas y proyectos.
La formación, tanto para los dinamizadores como para
los agentes implicados, es una herramienta imprescindible en los procesos de
participación. En relación con esto, se aprecian carencias formativas de los
propios técnicos que trabajan en las distintas oficinas de desarrollo.
El trabajo de dinamización
socioeconómica comienza por identificar el abanico más amplio posible de grupos
de interés, abarcando todos los aspectos de la vida política, económica, social
y cultural de la zona de actuación, determinando sus expectativas y motivaciones
y logrando que se impliquen en el diseño y ejecución del Programa de
Desarrollo.
En los procesos de desarrollo rural, las
técnicas de dinamización contribuyen a que el grupo sea capaz de movilizar
recursos endógenos (naturales, culturales, económicos,…) infrautilizados u
ociosos, susceptibles de generar nuevas actividades y/o conseguir los objetivos
de desarrollo de esa comunidad o territorio.
Entre los instrumentos de dinamización destacan:
q
La
elaboración de planes municipales de desarrollo socio-económico.
q
La
animación sociocultural vinculada a la dinamización, a la organización de
diversas actividades y al ocio.
q
Técnicas de
tipo “puertas abiertas”: conferencias públicas, medios de comunicación local,
exposiciones itinerantes.
q
Mesas de
discusión y reuniones sectoriales, donde se elaboran diagnósticos
participativos, diseñan estrategias futuras y plantean posibilidades de
actuación conjunta.
q
Exposiciones,
ferias y eventos culturales.
q
Planificación
de las acciones de formación, de acuerdo con los recursos y necesidades de la
zona. Utilización de diferentes instrumentos: Cursos de Formación Profesional
Ocupacional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, Iniciativas Comunitarias, etc.
q
Viajes e
intercambios que permiten la difusión y el conocimiento directo de ideas y proyectos
novedosos.
La necesidad de potenciar el
asociacionismo
El proceso de muchas de las actuaciones que
promocionan la participación de la población se plasma en la constitución de
asociaciones, ya sean socio - culturales o económicas, e incluso en la creación
de entidades mercantiles, así como de redes y estructuras de participación
tanto formales como informales.
A escala insular se pone de manifiesto el escaso
grado de asociacionismo activo que de respuesta a las necesidades básicas de la
población. Existe un alto número de asociaciones registradas, pero con una baja
o nula actividad. En este sentido, se hace necesario establecer mecanismos
orientados a la formación y dinamización de lideres locales que favorezcan la
consolidación de un tejido asociativo activo.
1.2. El medio rural en Gran Canaria
Intentar caracterizar la ruralidad de Gran Canaria
exclusivamente a partir de los parámetros convencionales (aislamiento, baja
densidad demográfica, envejecimiento de la población, la actividad agrícola
como trabajo en exclusiva, etc.) conduce a priori a una interpretación errónea.
Por lo tanto, para comprender y definir la ruralidad insular hemos de partir de
una visión más amplia que nos permita establecer algunas características que ayuden
a la interpretación de dicho fenómeno:
q La ausencia de grandes
distancias entre el medio rural y el mundo urbano ha provocado fuertes
sinergias entre ambos espacios.
q La fuerte incidencia de los
valores rurales en el ámbito urbano, a través de vínculos familiares
históricos. Hasta el año 1955 casi el 60 % de la población activa trabajaba en
el sector primario (Fuente: Renta Nacional de España y su distribución
provincial. Serie homogénea, 1955-1975, BBV)
q La gran singularidad de
elementos y factores naturales que influyen en la variedad de paisajes.
q La escasez de recursos
naturales y la fragilidad de los ecosistemas insulares que han sido
determinantes en el desarrollo de las zonas rurales de Gran Canaria.
q El papel de
complementariedad de la agricultura y ganadería de Medianías.
Hoy en día, hablar de desarrollar las zonas rurales
abarca aspectos que trascienden de la agricultura o del conjunto de actividades
agrarias. En el contexto insular, el medio rural mantiene aún de forma
importante y duradera la función de productor de bienes alimentarios, tanto para el abastecimiento interior como
para la exportación. Sin embargo, y al igual que en muchas otras zonas rurales
de Europa, y también de países en desarrollo, las funciones del medio rural van
más allá de la mera producción agraria, reconociéndose el carácter
multifuncional del espacio rural. En tal sentido, se incorporan a la
planificación del desarrollo rural actividades fundamentales para el
crecimiento, la vertebración del territorio y la protección del entorno.
1.3. Modelo territorial insular
Si entendemos la ordenación del territorio como “la
proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y
económica de una sociedad” (GÓMEZ OREA, D., 1994), no es difícil comprender que
el modelo territorial escogido para Gran Canaria ha olvidado el enfoque global
necesario para abordar la complejidad de un territorio multifuncional, la
capacidad de carga de muchos de sus ecosistemas y, fundamentalmente, la
realidad y dinámica socioeconómica del medio rural y de las actividades
agropecuarias que soporta. Se ha optado por una regulación parcial o sectorial,
centrada casi en exclusiva en el turismo y la construcción.
La ausencia de dicho modelo de ordenación insular,
que integre todas las variables socioeconómicas que intervienen en el territorio, ha propiciado la planificación territorial a una escala menor
(normas municipales de ordenación), conformándose un “puzzle” incoherente de
modelos distintos, que adolecen igualmente del análisis multifuncional preciso.
1.4. Problemática de las
actividades agrarias
En la actualidad, uno de los principales
condicionantes de las actividades agrarias lo constituye el hecho de que no
presentan atractivo alguno para la ocupación de la población rural, y en
especial de los jóvenes, tanto por su reducida rentabilidad como por ofrecer
unas condiciones laborales excesivamente duras.
Aquellos que, a pesar de todo, se dedican o desean
dedicarse a estas actividades, deben enfrentarse a otra lucha también desigual,
la del territorio.
Por un lado, los principales núcleos de población de
la Isla, que nacieron en las áreas económicamente más dinámicas, se asientan en
las zonas agrícolas más productivas, receptoras a su vez de un potente
desarrollo de infraestructuras.
En las últimas décadas, la terciarización de la
economía insular y la dinámica demográfica asociada, ha provocado un rápido
crecimiento de estos núcleos. Crecimiento, por otra parte, que se ha venido
desarrollando de forma general a costa de los suelos agrícolas de gran valor,
que han sido objeto preferente de las prácticas especulativas.
Por otro lado, la explotación incontrolada de los
recursos naturales de la Isla, derivada de la elevada densidad de población que
ha soportado históricamente, así como la indiscriminada ocupación de espacios
litorales y el proceso especulativo derivado del fenómeno turístico de masas
desarrollado en la costa insular, ha provocado que las actividades económicas
sean percibidas como una amenaza para el frágil ecosistema insular y sus
diversos elementos. Razón por la que se ha instrumentado un estricto marco
normativo para la protección del medioambiente. De este modo, las actividades
agropecuarias y forestales, en particular, se ven sometidas a graves
restricciones en el desempeño de las labores cotidianas.
Bien es verdad que muchas de estas restricciones no
son tales, en la medida en que no obedecen a imperativos de la extensa
legislación ambiental y relativa a la ordenación del territorio. Al contrario,
en muchas ocasiones se deben a la falta de regulación explícita por no
elaborarse con la debida celeridad los instrumentos precisos para el desarrollo
de dicha normativa. Un ejemplo claro de ello es el retraso en la aprobación de
los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos de la Isla,
de las normas de planeamiento municipal de muchos ayuntamientos, del propio
Plan Insular de Ordenación e incluso del Plan Territorial Especial
Agropecuario.
Esta doble tendencia de ocupación de los suelos
productivos por procesos de edificación y/o urbanización y la restricción de
los aprovechamientos implementados en los suelos de aptitud natural, ha
generado tensiones sociales en el entorno rural que evidencian la necesidad de
ordenación de los suelos rústicos con la misma precisión y profundidad que
hasta ahora se ha destinado a los suelos urbanos y urbanizables, con el fin de
compatibilizar los aprovechamientos económicos con la preservación del medio,
analizando seriamente las características, aptitudes y funciones económicas o
naturales del territorio insular.
Existe, sin embargo, un riesgo latente. Y es que
ante la falta de conocimiento acerca de cómo funcionan estos suelos y la
escasez de información acerca de los sistemas naturales y las actividades
económicas sustentadas en ellos, puede ocurrir que construyamos un cuerpo
normativo que lejos de impulsar un desarrollo sostenible del territorio,
agudice las graves disfunciones en el mismo al decantarse excesivamente hacia
posturas productivistas o conservacionistas.
Es necesario, pues, instrumentar mecanismos
dinámicos y eficaces que recaben la información necesaria para apoyar una toma
de decisiones debidamente cualificada, a la par que se inicia un debate social
acerca del modelo de desarrollo insular a adoptar y las necesidades de la
población local, considerando la multiplicidad y diversidad socioeconómica de
la Isla.
En la actualidad, el vigente Plan Insular de
Ordenación del Territorio de Gran Canaria (PIOTGC), aprobado definitivamente en
1995, ha sido recientemente anulado de forma parcial por el Tribunal Supremo, y
tiene probabilidades de ser anulado totalmente si se desestiman los recursos
presentados por el Cabildo de Gran Canaria a la sentencia aprobada por el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se le daba la razón a los
argumentos esgrimidos por el ayuntamiento de Mogán, en cuanto a la intromisión
en sus competencias urbanísticas por parte del Cabildo, al desclasificar el
Plan Insular determinados espacios turísticos de su litoral.
Este documento (PIOTGC 95) regula las actividades
agrarias de forma genérica sin desarrollar una clasificación específica para el
suelo rústico y sin incorporar la ordenación de los recursos naturales, por lo
que se formula únicamente como un plan de ordenación territorial de carácter
urbanístico.
Por otro lado, la tramitación de un nuevo documento
de ordenación integral del territorio insular adaptado al reciente Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, se encuentra, tras pasar el correspondiente periodo de
información pública entre los meses de agosto y octubre de 2001, en la fase de
aprobación provisional. En este Plan sí se contemplan la ordenación de los
recursos naturales y una regulación más pormenorizada del suelo rústico, en
cuanto a la zonificación del territorio y a la regulación de un régimen de usos
más detallado.
No obstante, se hace necesario realizar, antes de la
aprobación definitiva de este nuevo documento,
un esfuerzo (tanto de los organismos públicos competentes en la
ordenación del territorio y de los encargados de regular las distintas
actividades económicas, como de los distintos agentes sociales y económicos)
para que el suelo rústico productivo mantenga su función estratégica de
proveedor de recursos naturales y elementos de supervivencia y para que se
potencie y favorezca la diversificación socioeconómica del medio rural.