9. SECTOR PRIMARIO

                 

9.1. GENERALIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO

 

Siguiendo la tendencia general, las condiciones en que se han de desenvolver la agricultura y la ganadería grancanaria han evolucionado drásticamente en las últimas décadas. Si en el pasado su función era proveer de alimentos de primera necesidad, lo cierto es que los actuales hábitos de consumo de alimentos semielaborados han generado una nueva tendencia en la que los productos agroganaderos no sólo proporcionan calorías y elementos esenciales para la supervivencia, sino que además están llamados a evocar un mundo de sensaciones vinculadas a un territorio concreto, a un estilo de vida rural que se percibe como paradigma de la autenticidad, calidad y, de modo especial, de seguridad alimentaria. Constituyen, así, las guardianas de la identidad cultural y de la relación de los isleños con su territorio. Y el agricultor o ganadero tradicional debe aprender a adaptarse a estas nuevas condiciones si de verdad desea que la suya sea una actividad de y con futuro.

 

Esta multifuncionalidad de la actividad agropecuaria queda clara en determinadas actividades como el pastoreo y la trasterminancia, donde la conservación del saber tradicional en cuanto al manejo de ecosistemas, así como la carga etnográfica que comportan, debería bastar para potenciarlas y poner freno a su desaparición.

 

Evolución de la superficie cultivada de los principales cultivos en Gran Canaria 1995-2000  (tm)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Superficie cultivada

9.069

10.323

7.768

8.418

9.000

8.515,5

Fuentes: Anuario Estadístico de Canarias- 1999. ISTAC; Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.1.1. Los recursos naturales que inciden en la actividad agropecuaria

 

El clima

 

La influencia de los vientos alisios y de la corriente fría de Canarias, son los principales determinantes del clima insular, de tal forma que incluso se imponen a la situación geográfica del Archipiélago, impidiendo que las Islas se conviertan en un árido desierto.

 

Otro rasgo característico lo constituye la existencia de una amplia variedad de microclimas condicionados por la combinación del relieve y la exposición a los vientos alisios húmedos. Desde el punto de vista agrícola, esto se traduce en la posibilidad de combinar, en el reducido espacio insular, una gran variedad de cultivos a lo largo del año.

 

El suelo

 

Unido a su escasez, existen diversas prácticas agrícolas habituales en la actualidad que suponen un importante riesgo para la estabilidad de los suelos productivos: la mala aplicación de aguas depuradas, que aportan minerales; la ausencia de prácticas complementarias que anulen los efectos negativos de los riegos localizados; la acumulación de nitritos y nitratos en los suelos que soportan a los cultivos hidropónicos; el abandono de algunas técnicas tradicionales de manejo, como los estercolados frecuentes; el riego con agua salobre; la infiltración marina derivada de la sobreexplotación de los acuíferos, son algunas de ellos.

 

Por otro lado, los suelos agrícolas de mayor calidad de la Isla desaparecen irremediablemente bajo los procesos edificatorios y urbanizadores. Mientras, numerosos espacios agroganaderos característicos, resultantes del manejo tradicional de ecosistemas y que constituyen agrosistemas sostenibles, desaparecen por la estricta aplicación de la normativa ambiental. Urge, pues, desarrollar la legislación ambiental y territorial, de modo que los suelos productivos más valiosos sean convenientemente preservados, a la par que se dé cobertura a las actividades agrarias desarrolladas en el territorio, mediante una ordenación eficaz y realista de las mismas. Es necesario agilizar y facilitar las calificaciones territoriales y la concesión de licencias para el mantenimiento de la actividad agroganadera

 

El agua

 

En cuanto al agua, el régimen de propiedad privada que la rige condiciona la planificación hidráulica y obstaculiza la asignación racional de los recursos, por lo que la consolidación del Consejo Insular de Aguas como órgano aglutinador de la política hidráulica insular, el desarrollo del Plan Hidrológico de Gran Canaria y la aplicación de la Ley de Aguas de Canarias son elementos claves de la gestión del agua en la Isla.

 

Este Plan Hidrológico, de hecho, contempla obras hidráulicas de gran envergadura, encaminadas a la disminución de las demandas y el incremento de la disponibilidad de recursos hídricos no convencionales.

 

En otro orden de cosas, la sobreexplotación de acuíferos condiciona la pervivencia de las capas freáticas, en términos cuantitativos y cualitativos, y favorece la infiltración marina, aumentando el proceso de desertización. Los agricultores que se ven abocados a la utilización de recursos subterráneos están sometidos al encarecimiento del aprovechamiento de estas aguas. Paralelamente, el aprovechamiento de aguas depuradas está condicionado por su deficiente calidad debido al alto contenido salino de las aguas tratadas en las EDARs.

 

En cuanto a los consumos, aunque la tendencia es a la baja, la agricultura continúa siendo la principal demandante de agua. Del total de la superficie cultivada en Gran Canaria, más del 75% está en regadío.

 

El 89% de la superficie regada se abastece con aguas subterráneas, estimándose que la demanda de las Medianías para riego representa un 7% de la demanda agraria total.

 

 

9.1.2. La profesionalización del sector agropecuario

 

Organización del Sector

 

El nivel organizativo de la agricultura y la ganadería isleñas, en un sector caracterizado por su dualidad, presenta aspectos diferenciados según la vocación comercial de las explotaciones. El sector agrícola orientado al mercado interior (mayoritariamente la agricultura de medianías) y el ganadero presentan un déficit estructural en las facetas organizativas más importantes: Gestión empresarial, prestación de servicios técnicos y comercialización. Si esta situación se compara con la existente en el sector de agricultura de exportación (que dispone de un nivel de organización considerable en gestión empresarial y comercial, y de un grupo consolidado de empresas, cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y organizaciones de productores) vemos que la diferencia es notoria.

 

Las empresas asociativas presentes en el sector agropecuario son las S.A.T. y las cooperativas, ambas con importantes beneficios fiscales. Las primeras se caracterizan mayoritariamente por su carácter familiar y por ser empresas de menores dimensiones que las cooperativas. Éstas, en cambio, ofrecen a sus asociados servicios técnicos, de aprovisionamiento y, en ocasiones, de asesoría y gestión de ayudas.

 

Las cooperativas están mejor representadas y tienen un mayor grado de funcionalidad y eficiencia en el sector exportador que en el de mercado interior. Un hecho que contribuye determinantemente a que esto sea así, lo constituye la circunstancia de que el asociado en las cooperativas de mercado interior, tiene la opción de entregar su producción a la cooperativa, al intermediario o defenderla él por su cuenta.

 

Por otro lado, las organizaciones representativas de los colectivos profesionales y laborales (asociaciones de productores, sindicatos, organizaciones profesionales, etc.) juegan un papel sumamente relevante en la defensa y dinamización del sector agropecuario, sobre todo en el marco de la Unión Europea. Su principal función estriba en la necesidad de contar con interlocutores capaces de hacer valer las reivindicaciones del sector frente a la administración y la sociedad en general, así como en la defensa de las especificidades de Canarias y de las producciones locales frente a terceros.

 

Con lo propuesto en el Reglamento (CE) nº 1454/2001, por el que se aprueban medidas específicas a favor de las Islas Canarias en relación con determinados productos agrícolas, destacar el papel que adquieren las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (O.P.F.H), que tendrán como objetivos principales:

1.       Asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, especialmente en lo que respecta a la cantidad y calidad.

2.       Fomentar la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de la producción de sus miembros.

3.       Reducir costes de producción y regularizar los precios de la producción.

4.       Fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los residuos respetuosas con el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la calidad de las aguas.

 

En la relación de ayudas a la producción de frutas y hortalizas que se prevén en este nuevo Reglamento, las OPFH recibirán una ayuda incrementada respecto a nivel de ayuda que se concederá a los productores que no estén agrupados en una OPFH. En dicho reglamento se aprueban las medidas específicas para paliar el alejamiento, la insularidad y la situación ultraperiférica de las Islas Canarias, en relación a determinados productos agrícolas entre los que cabe citar: papas, calabacines, calabazas, habichuelas, coliflores, coles, zanahorias, pimientos, naranjas, limones, fresas, frutos tropicales, etc. La ayuda se concederá para la celebración de contratos de campaña que tengan por objeto la comercialización de frutas y hortalizas que se relacionan en el anexo 1 del Reglamento 2200/96 por el que se establece la OCM de frutas y hortalizas, a los cuales se añade la papa por las especificidades del mercado canario.

 

El trabajo y sus estrategias en el sector agrario

 

En cuanto a la organización de la propia explotación, los productores locales han de afrontar unos déficit que dificultan extraer rendimientos apropiados en la mayoría de las explotaciones agrarias:

 

q       Déficit estructural determinado por el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

q       Déficit organizativo que se relaciona con la falta de profesionalización del sector.

q       Déficit de capital humano, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. La sucesión en la actividad agraria es claramente insuficiente. El escaso acceso de los jóvenes a la agricultura se debe a la existencia de mejores oportunidades salariales en otros sectores económicos, las dificultades para acceder a los medios de producción, la incertidumbre económica y las duras condiciones laborales, así como la negativa consideración social de las actividades agropecuarias.

q       Déficit de infraestructuras productivas de uso colectivo, que denota la falta de organización del sector y el escaso apoyo que ha prestado hasta ahora la administración pública.

 

Hay un predominio de la agricultura familiar sin trabajo asalariado, donde el trabajo que aporta el titular y la ayuda familiar suele cubrir las necesidades de la explotación. Esto no significa que no se recurra a ayuda externa, especialmente en las grandes explotaciones de exportación, fundamentalmente asalariada, pero también como intercambio entre explotaciones (juntas) en momentos pico de los cultivos.

 

Al contrario que la edad de los titulares de explotación, que generalmente se sitúa por encima de los 50 años, la ayuda familiar suele estar representada por menores de 45 años, de lo que puede deducirse que dentro de la explotación existe una cierta garantía de continuidad aunque la transmisión de titularidad se haga a edad avanzada o por mortis causa.

 

Es necesario resaltar la importancia del trabajo realizado por la mujer, que ronda el 36% del total generado en la explotación. Se trata, sin embargo, de una aportación considerada informal que, merced a la tradicional invisibilidad del trabajo femenino, generalmente no se traduce en el reconocimiento de sus derechos sociolaborales.

 

Otro aspecto digno de mención es la función que ejerce la dedicación a tiempo parcial en el mantenimiento de la agricultura de Medianías. Se ha tomado como agricultor a tiempo parcial a aquel que tiene como dedicación principal otra actividad lucrativa (no la propia explotación) que ocupa un lugar principal en su economía.

 

En efecto, la agricultura y ganadería parecen ser actividades que no permiten obtener niveles suficientes de ingresos a los jefes de explotaciones, ya que 23.000 reconocían tener otra fuente importante de ingresos y 3.200  otra fuente de menor importancia. De hecho, una gran parte de las parcelas explotadas en zonas de Medianías lo son  a través  de la dedicación parcial, como divertimento o como actividad de fin de semana, lo que redunda en la falta de profesionalización de la producción.

 

 

9.1.3. La innovación tecnológica

 

Al margen de las grandes explotaciones hortofrutícolas de exportación, el carácter excesivamente conservador de los titulares agrarios crea resistencias a la introducción de nuevos elementos en la explotación, en la que el nivel tecnológico alcanzado depende de variables como el tamaño de la explotación, la orografía, el grado de especialización y el nivel económico del agricultor. La escasez de jóvenes que se incorporan a la actividad acentúa aún más las deficiencias tecnológicas.

 

El sector exportador sostuvo durante la segunda mitad del siglo pasado un proceso de innovación tecnológica nada despreciable. Los factores principales que han conducido a la inversión en tecnología por parte de agricultores y empresas son: la escasez de recursos naturales tan importantes como el agua y el suelo, la necesidad incrementar la productividad, de ahorrar trabajo (mano de obra) y la mejora de la calidad del producto comercializable.

 

Este proceso es mucho menos acusado en la Agricultura de Medianías, debido en buena parte a su menor capacidad inversora, si bien la adopción de nuevas tecnologías responde a los mismos patrones que en el caso de la de exportación.

 

Respecto a las tecnologías de información y comunicación, y salvo el caso de la telefonía móvil, hay que reseñar su bajo nivel de introducción en el sector agrícola. Su uso está prácticamente reducido a las grandes empresas exportadoras.

 

De modo general, el nivel de innovación tecnológica se ve condicionado, además, por las carencias en investigación local y la escasa adaptación de las tecnologías estándar a las particulares condiciones productivas insulares.

 

 

9.1.4. Instrumentos de apoyo administrativo y económico a la agricultura y la ganadería

 

Tienen especial relevancia las Agencias de Extensión Agraria. Hay quejas del cambio surgido en los agentes de extensión; antes estaban constantemente en el campo, en contacto con el productor, asesorándole, pero también aprendiendo de él; ahora sus trabajos burocráticos apenas les permiten atender consultas de campo y los agricultores echan en falta esa actividad. La función de estos agentes la está supliendo, en buena parte, el técnico de empresas privadas que asesora al productor, aunque sin olvidar la casa comercial para la que trabaja.

 

Si la administración quiere prestar un asesoramiento  de calidad al productor, deberá pensar en restablecer los servicios de extensión con personal suficiente para atender el trabajo burocrático y el de campo, con especialistas a los que acudir cuando el problema surgido supere los conocimientos del agente.

En los últimos años el Cabildo de Gran Canaria, por medio de la Consejería Delegada de Agricultura y Desarrollo Rural, ha realizado un gran esfuerzo para dotar a las Agencias  de Extensión Agraria tanto en medios materiales como humanos, con el fin de poder realizar una función real de apoyo a los agricultores y ganaderos de la Isla.

-          Medios materiales: principalmente en material informático (hardware y software) para facilitar el trabajo administrativo, con especial incidencia en la tramitación de las ayudas y subvenciones para el sector, a través de programas  informáticos que consiguen mayor rapidez y fiabilidad en la tramitación.

-          Medios humanos:  Se ha buscado, por un lado, aumentar el personal administrativo con el fin de poder liberar al personal técnico de las labores propias de los administrativos, y por otro lado, aumentar también el personal técnico para así poder realizar la labor de apoyo técnico que demanda el sector. Para ello se ha contratado más personal por parte del Cabildo y se ha buscado la incorporación de personal a través de becas y convenios con el ICFEM ó bien estudiantes en prácticas con acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 

Con este aumento de medios en las Agencias de Extensión Agraria de la Isla, se ha conseguido, poco a poco, reconvertir el Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Rural y pasar de realizar solo trabajo administrativo a volver con la divulgación, formación, asesoramiento y experimentación (mediante fincas colaboradoras) según demandaba el sector rural. Por otro lado, mediante la mejora de la coordinación con la Granja Experimental del Cabildo, también se ha logrado dar a los agricultores información y asesoramiento sobre temas específicos que no dominan los técnicos de Extensión Agraria, pero sí los especialistas de la Granja, los cuales están visitando y asesorando a los agricultores según las necesidades del sector, además de apoyar a los agentes de extensión en el seguimiento y control de las fincas colaboradoras

 

Convenios con los Ayuntamientos y Mancomunidades. Con el fin de poder acercar el asesoramiento a los agricultores y ganaderos, se está llevando a cabo por parte del Cabildo y Ayuntamientos y Mancomunidades, la contratación de técnicos que prestan  servicios directamente a los productores a pie de explotación. La actuación de los mismos tiene ámbito municipal o comarcal y trabajan de forma coordinada con las agencias de extensión agraria. En la actualidad, han firmado el convenio 12 ayuntamientos y la Mancomunidad de las Medianías de Gran Canaria, con un total de 15 técnicos contratados.

 

Las Agencias de Desarrollo Local, en el área de la agricultura y ganadería, tienen funciones parecidas a las anteriores, pero en un ámbito municipal, con actuaciones concretas en la  creación de puestos de trabajo en cualquiera de las ramas de la economía. Es de mención que aquellas de ámbito más “rural” tienen mayor incidencia en el sector agro-ganadero. Sin embargo, en la mayoría de los municipios el productor desconoce esos servicios.

           

Las Cámaras Agrarias Locales, prácticamente en extinción, por carecer de competencias. Son  oficinas de la Consejería que en la actualidad se dedican prácticamente a los trámites del subsidio de la Seguridad Social.

 

La Granja Experimental del Cabildo de Gran Canaria. Está actualmente en un proceso de reestructuración para integrarla en el Servicio de Desarrollo Rural conjuntamente con Extensión Agraria e Infraestructura Rural, con el fin de plantearse los problemas existentes en el sector y buscar actuaciones conjuntas para solucionarlos; de esta manera se evita el funcionamiento sectorial de la Granja que ha representado un funcionamiento poco práctico para las necesidades del mundo rural actual de Gran Canaria.

 

La Granja a su vez dispone de varias secciones que podemos agruparlas en tres grandes Grupos:

 

a) Departamento de Experimentación: Se compone a su vez de varias secciones (fruticultura, horticultura, fertirrigación, jardinería y viticultura); cada sección dispone de terrenos así como de los medios humanos y materiales para la realización de experiencias agrícolas. Para poder elegir las experiencias de mayor interés se está en proceso de formar un COMITÉ ASESOR compuesto por las personas más representativas de los diferentes sectores de producción agrícolas y ganaderos, cuya misión principal será el asesoramiento para la selección de las experiencias a realizar en la Granja. Hay que desatacar que la experimentación agrícola es un proceso por el cual se comprueba sobre el terreno determinadas prácticas agrícolas, variedades, especies, etc., que han dado buen resultado en su lugar de origen pero que pueden dar otros resultados en una zona concreta como es la Isla de Gran canaria. Por tanto, en cada experiencia se debe realizar un análisis exhaustivo para llevarlo a cabo, labor encomendada a los técnicos adscritos a la Granja, que deberán también evaluar con precisión los resultados de las experiencias para comprobar su viabilidad en el sector agrario de la Isla y, en caso positivo, se procederá posteriormente a la divulgación de la experiencia, con el fin de poder llegar al mayor número de agricultores. Esta actividad es de gran importancia para un mundo rural que varía constantemente y al que, por lo tanto, se le debe dar alternativas para la continuidad de la producción agrícola. Estas secciones también realizan una labor de asesoramiento a los agricultores a través de visitas a las fincas, reuniones, etc., de tal forma que cualquier problema individual o colectivo que se presenta en el sector se intenta resolver a través de los conocimientos y experiencias de los técnicos de la Granja Agrícola. Hay que destacar que, mientras en la agricultura de exportación existe una gran cantidad de cooperativas con gran preparación técnica que muchas veces realizan esta misma labor o se complementan con el servicio dado por la Granja, en la agricultura de mercado interior apenas existen cooperativas que puedan realizar una labor técnica, por lo que el papel realizado por la Granja Agrícola es absolutamente fundamental y básico para el desarrollo de este subsector.

 

b) Departamento de Análisis: Dispone de cuatro laboratorios para el análisis enológico, fitopatológico, edafológico y de aguas; en cada uno de estos laboratorios se realiza una importante cantidad de análisis solicitados por los agricultores, de tal forma que puedan conocer el estado de su suelo, del agua de riego utilizada, así como de posibles enfermedades, plagas o carencias presentes en el cultivo. En el laboratorio de enología se analiza el vino procedente de las bodegas de la Isla y se asesora sobre posibles errores en el método empleado y las correcciones a realizar, debiéndose destacar que, con respecto al sector vitivinícola, se contará con una Bodega Experimental en la cual se realizará, aparte del análisis de los vinos, experiencias sobre nuevos métodos enológicos que permitan mejorar los caldos de la Isla. Este departamento es fundamental, por tanto, para la realización de una agricultura moderna y competitiva, siendo además el único existente en la isla, de ahí su gran importancia para el sector agrícola. Hay que destacar que estos laboratorios disponen de instalaciones modernas y de técnicos altamente cualificados, lo cual es de gran importancia para dar el servicio necesario, cada vez  más requerido por los agricultores que aprecian la gran importancia  de estos análisis para poder realizar una agricultura eficaz y rentable.

 

c) Sección Ganadera: El Cabildo creará una sección ganadera a ubicar dentro de las instalaciones de la Granja Experimental; dicha sección constará de un laboratorio de biología molecular para la realización de chequeos de ADN y, por otro lado, de un departamento para la mejora de la reproducción de las diferentes especies ganaderas, con el fin de lograr una mejora genética de las razas existentes en la Isla.

 

Las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS) cuya principal finalidad es la de aplicar los conocimientos existentes en la lucha integrada contra las plagas y enfermedades, con el objetivo de disminuir el número de tratamientos, mejorar la aplicación de los productos, incorporación de depredadores para el control biológico de las plagas, disminuir los residuos tóxicos en el material vegetal, etc. Para ello se debe disponer de un técnico (subvencionado en parte por el Gobierno Autónomo) el cual deberá llevar a cabo control periódico de plagas y enfermedades, recomendar determinadas prácticas agrícolas, utilizar en la medida de lo posible productos ecológicos, etc.; al mismo tiempo deberá estar en contacto periódico con los técnicos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias realizando informes mensuales o anuales.

 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) son financiadas por el Cabildo de Gran Canaria, por el Gobierno de Canarias y por los propios ganaderos. Es un servicio de asesoramiento técnico, sobre todo en materia sanitaria, que ha permitido la mejora de muchas de las explotaciones de la variada cabaña ganadera de la isla.

 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias (ICIA)  y cuya sede principal se encuentra en la isla de Tenerife. El objetivo principal del Instituto, es la elaboración y ejecución de proyectos de investigación tendentes a incrementar la competitividad de las producciones agrarias de Canarias, especialmente en el campo de los cultivos tropicales y subtropicales, protección vegetal y producción animal. El apoyo directo al sector se realiza a través de estudios, análisis y dictámenes sobre productos y medios de la producción. Sin duda, la reciente apertura de una sede en Gran Canaria puede acercar  estos servicios al agricultor de la isla.

 

El sistema de subvenciones y financiación de inversiones que presta la administración presenta, como deficiencia más acusada, una mínima incidencia en la agricultura minifundista a tiempo parcial; y por otro lado la exigencia de avales para el acceso a los préstamos subvencionados para inversiones sigue siendo un inconveniente importante para muchos pequeños agricultores.

 

Apoyo a la Contratación de Seguros Agrarios Combinados, la Dirección General de Desarrollo Agrícola de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros con el objeto de fomentar su contratación por considerar que son un instrumento de especial importancia en el desarrollo de la política agraria. Constituyen una ayuda para el mantenimiento de la renta de los profesionales en el caso de que sus explotaciones sufran daños por las frecuentes variaciones de los agentes naturales. El Cabildo de Gran Canaria también concede subvenciones para el pago parcial de las primas que pagan los agricultores. En cualquier caso los agricultores de mercado interior y los ganaderos tienen un bajo nivel de contratación de estos seguros.

 

Reglamento de la Unión Europea por el que aprueban medidas específicas en favor de las Islas Canarias en relación con determinados productos agrícolas. Este Reglamento, conocido como “POSEICAN”, considera conveniente regular algunas medidas a favor de las producciones locales y así establece que se debe:

 

q       Respaldar las actividades ganaderas tradicionales a fin de satisfacer una parte de las necesidades de consumo local. Se podrá establecer una prima complementaria al sector ovino y caprino.

q       Establecer una ayuda a las centrales lecheras, que vendan productos para consumo humano como productos frescos de leche de vaca.

q       Establecer una ayuda a la comercialización y la transformación de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas orientadas al abastecimiento del mercado canario.

q       Proceder a otorgar una ayuda por hectárea al cultivo de la papa, para contribuir al sostenimiento del sector.

q       Conceder una ayuda global por hectárea de cultivo de viñas para vinos de calidad.

q       Aplicar una ayuda a las asociaciones de apicultores que produzcan miel de calidad específica tradicional.

q       Alentar el fomento de la calidad de los productos agrícolas así como el establecimiento de distintivos que favorezcan la comercialización.

 

El Régimen Específico de Abastecimiento, también regulado en el Reglamento citado anteriormente; es consecuencia de la situación geográfica de Canarias con respecto a las fuentes de abastecimiento en productos esenciales para el consumo humano, la transformación y la utilización como insumos agrícolas, lo que ocasiona en las islas costes adicionales de transporte. El objeto de este Régimen es atenuar los costes incrementados que supone la situación de lejanía, insularidad y ultraperiferia. Se fijan ayudas en función de los costes adicionales de transporte a las Islas Canarias para el suministro de productos comunitarios que surtan el Archipiélago, mediante el mecanismo denominado “Balance de Aprovisionamiento”.

 

El Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, prevé el establecimiento de ayudas en las siguientes medidas:

 

q       Mejoras en la transformación y comercialización de los productos agrícolas.

q       Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y de la economía agraria.

q       Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo a las explotaciones agroganaderas. Establecimiento de servicios de asistencia a los agricultores y ganaderos, que permitan reducir los estrangulamientos del sector en sus fases de transformación y comercialización así como mejorar la calidad de las producciones reduciendo costes y diversificando la producción.

q       Inversiones en explotaciones agrarias, que permitan reducir costes de producción, mejorar y reorientar la producción, mejorar la calidad, introducir nuevas tecnologías, etc. En el se incluyen actuaciones dirigidas al fomento de las agrupaciones de agricultores para aprovechar economías de escala, a la mejora de las condiciones de higiene y sanidad de las explotaciones ganaderas y la incentivación de las inversiones colectivas. Además, es necesario fomentar la introducción de nuevas técnicas de producción, fruto de los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico, la adquisición de maquinarias para ser utilizadas por grupos de explotaciones permitiendo la reducción de costes así como el desarrollo de otros cultivos alternativos e integrados con el entorno ambiental canario.

q       Desarrollo endógeno de zonas rurales, relativo a las actividades agrarias, con el objeto de: mejorar la calidad de vida, incrementar las posibilidades de empleo, revalorizar medio físico y natural y diversificar la actividad agraria mejorando el nivel de renta de las explotaciones (que incluyen actuaciones en materia de infraestructuras, fomento del tejido productivo, formación, medio ambiente, etc. y programas de fomento de actuaciones sectoriales (turismo rural, desarrollo de la industria vitivinícola, etc.)

q       Fomento de la producción y comercialización de producción agrícola de calidad. Fomento de producciones tradicionales.

 

9.1.5. Diversificación agropecuaria y oportunidades de mercado

 

El sector agropecuario isleño tiene planteado el reto de la diversificación y la búsqueda de salidas comerciales para sus productos, tanto en el mercado interior como en la exportación. De hecho, una de las asignaturas pendientes del sector en Gran Canaria, y en la Región, es su articulación con el sector turístico, tanto tradicional como alternativo, en el sentido de planificar la producción con vistas al aprovisionamiento de establecimientos y a la comercialización de productos ligados al territorio entre los visitantes.

 

9.1.6. Valorización de la producción local

 

Es evidente que, en la mayor parte de los casos, las producciones agrarias sin transformar tienen un escaso valor añadido, lo que condiciona el nivel de vida de la población dedicada a estas actividades, a la par que compromete la viabilidad futura de las mismas.

 

En la actualidad, las tradicionales fórmulas de comercialización quedan obsoletas, agravando la ya de por sí frágil situación de los productores y provocando que estos sean cada vez menos competitivos. Los mercados se complican enormemente con la aparición de los grandes operadores comerciales. Estos acaparan la demanda e imponen a los productores condiciones que le son claramente desfavorables, pero que deben asumir si quieren sobrevivir.

 

Si bien la diversidad de la realidad agraria es incuestionable, en el fondo, el problema radica en adaptar las producciones locales, con identidad propia y estructuras productivas tradicionales, a las exigencias del Mercado actual, que exige una estructura comercial de altas prestaciones.

 

Surge así la necesidad de abordar la valorización de la producción agraria local. Lejos de tratarse de una estrategia comercial con receta fija incluida, la valorización consiste en un proceso centrado en la calidad de las producciones, protagonizado y comandado por los productores / elaboradores. Estos deben inicialmente tomar consciencia de su actual situación, para poder idear el escenario futuro que desean construir. Deberán, por tanto, adquirir las habilidades necesarias no sólo para llevar a cabo todo un cuerpo estratégico que persiga la mejora de las condiciones de trabajo, de la calidad del proceso y las producciones y de la profesionalización del sector, sino que también deberán capacitarse para diseñar tal estrategia desde su propia realidad local y necesidades específicas.

 

Consecuentemente, el proceso de valorización exige, ante todo, la profesionalización de los productores, de modo que puedan, con el apoyo de un asesoramiento técnico cualificado, planificar y acometer racionalmente tareas como la identificación y normalización de su producto, la modernización y mejora de explotaciones, la implantación de nuevos procesos y tecnologías, adaptándolas a las producciones locales, el establecimiento  de sistemas de control de calidad e incluso, en ocasiones, la diversificación productiva. Con todo ello, lo que se persigue es la consolidación de un sector económico liderado por los productores con perspectivas futuras, que oferte un producto de calidad con un valor añadido elevado.

 

Por tanto, y aunque no se haya mencionado hasta el momento, se trata de un proceso colectivo en el que sus protagonistas deciden asumir la toma de decisiones y unir esfuerzos con el fin de aumentar sus rentas y eliminar la precariedad de sus condiciones de trabajo y vida.

 

 

9.1.7. Mayores necesidades de profesionalización y capacitación del sector

 

La débil estructura asociativa del sector impide establecer sistemas orientados a la reducción de costes y mejoras en la gestión y comercialización de la producción. Y ello a pesar de la proliferación de colectivos de productores, que suelen tener intereses demasiado específicos, o bien no  han sabido aglutinar a los productores bajo un lema común que les permita reivindicar eficazmente ante la sociedad y las administraciones la importancia y necesidades del sector.

 

Uno de los aspectos que mejor refleja esta necesidad de reivindicación conjunta es la competencia generada por los productos importados; que, por su parte, exige la valorización colectiva de los productos locales con el fin de dotarlos de un mayor valor añadido.

 

Todavía se hace necesario mejorar la capacitación y cualificación de los productores. Es importante resaltar que, si bien los contenidos de estas acciones están bien definidos (alimentación y manejo animal, higiene, comercialización y promoción, gestión empresarial, etc.), aún prevalecen los sistemas clásicos de enseñanza, cuyo nivel de impacto en el colectivo agrario es bastante bajo. La prioridad, por tanto, debe centrarse en el desarrollo de nuevos materiales y metodologías de formación “a la carta e in situ”, que permitan obtener mejores resultados. Así la demanda formativa de los agricultores hace hincapié en la necesidad de formación de poda de frutales, de planes de abono, de sistema de lucha integrada, agricultura ecológica, mejoras en la comercialización, etc.

 

 

9.1.8. Seguridad alimentaria

 

Para los actuales consumidores de los países desarrollados, una vez asegurado el suministro, la dimensión prioritaria de la alimentación es la seguridad.

 

En este sentido, las recientes crisis en la industria agroalimentaria europea han minado la confianza del público en la capacidad de los productores y de las autoridades públicas para garantizar la salubridad de los alimentos.

 

En Canarias el elevado índice de alimentos importados conlleva múltiples problemas, entre ellos la falta de incentivos para los productores locales debido a la caída de los precios de los alimentos, la competencia con los alimentos tradicionales y los cambios en los patrones de consumo, además de no poseer mecanismos de control sobre la calidad de los alimentos, los cuales requieren intensos tratamientos con sustancias químicas para preservarlos en el transporte a distancia.

 

Ante la avalancha des-informativa a la que se somete a los consumidores, es lógico que se plantee como un aspecto a tratar en un plan de desarrollo lo que es la seguridad alimentaria, de cara a una mayor concienciación en la población, tanto productores como consumidores, en lo referente a salubridad y conveniencia de los productos locales.

 

Es de destacar, la oportunidad que supone la creación en Gran Canaria del “Laboratorio de Análisis de Persistencia de Residuos Fitosanitarios y Pesticidas en Frutas y Hortalizas”, que proyecta la Dirección General de Desarrollo Agrícola del Gobierno de Canarias, para el control de las producciones destinadas a la exportación así como las destinadas al consumo local.

 

La Unión Europea ha hecho de la seguridad alimentaria una de sus prioridades principales; el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria traduce esta prioridad y propone un planteamiento nuevo basado en una modernización de la legislación fijando un conjunto coherente y trasparente de normas, en reforzar los controles desde la explotación agraria hasta la mesa del consumidor y en aumentar la eficiencia del sistema de asesoramiento científico, para garantizar un nivel elevado de salud y protección de los consumidores.

 

Prioridades estratégicas del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria

 

Las prioridades estratégicas en materia de seguridad alimentaria que se establecen en el ámbito comunitario son las siguientes:

 

q       Crear un organismo alimentario europeo. Su objetivo principal será contribuir a lograr un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores en el ámbito de la seguridad alimentaria, el cual permita recuperar y mantener la confianza de los consumidores.

q       Implantar sólidamente en la normativa alimentaria el enfoque “de la granja al consumidor”

q       Uno de los aspectos esenciales será la implantación de la trazabilidad de los alimentos, esto es, la posibilidad de conocer el itinerario de los productos a lo largo de todos los eslabones de la cadena alimentaria.

q       Establecer controles de seguridad alimentaria. Se propone definir un marco comunitario para el desarrollo y la gestión de los sistemas nacionales de control que aproveche las mejores prácticas existentes y la experiencia de los servicios de inspección de la Comisión.

 

Los ejes de la seguridad alimentaria.

 

Los productores de materia prima agrícola, ganadera y pesquera, los industriales, los distribuidores y los consumidores constituyen los “eslabones” de la cadena alimentaria, unidos por la responsabilidad compartida de alcanzar las máximas cotas de seguridad. En este logro, desempeñan un papel protagonista los poderes públicos, mediante el desarrollo y control del cumplimiento de un cuerpo legislativo orientado a velar por la salud del consumidor y garantizarle una oferta de alimentos sanos, con normas alimentarias que rijan la totalidad del proceso productivo de un alimento.

 

Los ejes en los que se debe apoyar la seguridad alimentaria son los siguientes:

 

1. Salud y bienestar animal

 

La salud animal constituye un factor importante de la seguridad alimentaria. Algunas enfermedades pueden ser transmitidas a los humanos a través de alimentos contaminados. Por tanto, la salud y el bienestar de los animales productores de alimentos es esencial para la salud pública y la protección de los consumidores, por lo que deberían proseguir (y en la medida de lo posible reforzar) los programas existentes de erradicación y lucha contra las enfermedades.

 

2. Seguridad de los piensos

 

Con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y fomentar la producción de una carne y leche de calidad, la Unión Europea ha venido creando, desde el año 1981, un marco legislativo específico para evitar la utilización de productos que, de forma artificial, favorezcan el engorde del ganado vacuno o su mayor producción.

 

En el año 1988, el Consejo de la Comunidad Europea prohíbe todos aquellos productos promotores o estimulantes del crecimiento del ganado. Con esta decisión, se cierran todas las posibilidades legales para los ganaderos en cuanto al empleo de hormonas y promotores de crecimiento, quedando su tráfico dentro del ámbito de la clandestinidad y su uso sancionado por el Código Penal.

 

Casos como el de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y las dioxinas, relacionados con el cebo de los animales, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los controles europeos en esta materia.

 

3. Política fitosanitaria

 

El uso de productos fitosanitarios está regulado por las autoridades europeas y nacionales, a través de un cuerpo legislativo que abarca tres vertientes fundamentales:

 

q       Medidas contra la introducción de organismos perjudiciales para las plantas en el territorio de la Unión Europea. Para ello, cada Estado miembro cuenta con un departamento nacional de control en puertos marítimos, aeropuertos y fronteras con terceros países, cuya misión es verificar el cumplimiento de la normativa europea.

q       Disposiciones que restringen o controlan la comercialización de los productos  fitosanitarios por parte de las empresas fabricantes.

q       Disposiciones que fijan los valores máximos autorizados de residuos de pesticidas en los productos agrícolas y ganaderos.

La regulación de las autorizaciones de plaguicidas se realiza para cada producto y en función de la composición de la materia prima que contenga cada uno de ellos. En cuanto a los residuos fitosanitarios, los límites establecidos garantizan que los alimentos son aptos para el consumo.

 

4. Etiquetado de los alimentos

 

Se debe proporcionar a los consumidores información esencial y precisa para que puedan elegir con conocimiento de causa. Por consiguiente, normas vinculantes en materia de etiquetado deberán garantizar que el consumidor disponga de los datos sobre las características de los productos que compran.

 

En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el etiquetado se ha convertido en una cuestión de política comercial en numerosos ámbitos, entre ellos la seguridad alimentaria, relacionados con los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y sobre medidas zoosanitarias y fitosanitarias.

 

Seguridad alimentaria a escala internacional

 

Europa es el mayor importador / exportador mundial de productos alimenticios e intercambia un conjunto cada vez más diversificado de productos de este tipo con países de todo el mundo. Habida cuenta del vasto volumen de este comercio, no cabe considerar la seguridad alimentaria como una cuestión de política interna. Las preocupaciones relativas a las zoonosis, a los contaminantes y a otros aspectos son exactamente las mismas que las vigentes para los productos alimenticios en el marco de los intercambios internacionales, independientemente de que éstos se importen a la Comunidad o se exporten a partir de la misma. Para garantizar el respeto a estas exigencias, la OMC impone que estas medidas se basen en normas internacionales o, cuando no sea así, que las medidas cuenten con un respaldo científico.

 

Agencia para la gestión integral de la seguridad alimentaria en Canarias.

 

Para garantizar la seguridad y la calidad de los productos consumidos en el archipiélago, tanto de carácter local como importados, se hace indispensable la creación de una Agencia para la Seguridad Alimentaria, similar a la existente en otras regiones españolas. Esta entidad tendría carácter público y estaría integrada por las diferentes administraciones implicadas en la gestión de la seguridad alimentaria, así como por los agentes sociales interesados en los procesos de producción y el consumo de alimentos en las islas. Su objetivo principal sería el de coordinar y facilitar la colaboración de las diferentes administraciones con competencias en estas materias, estableciendo los principios de actuación en materia de seguridad alimentaria. Esta entidad se hace aún más necesaria si valoramos la excesiva fragilidad e indefensión del territorio canario a las plagas y agentes externos.

 

9.1.9. Las barreras fito y zoosanitarias en puertos y aeropuertos.

 

Son reiteradas las noticias donde se plasma la entrada de nuevas plagas que arrasan cosechas enteras generando cuantiosas pérdidas a los agricultores. El virus de la cuchara en los tomates, la polilla en la papa, el minador en los cítricos, la palomilla blanca en las plataneras, el thrips californiano en las flores, etc., eran plagas desconocidas en Canarias hasta hace pocas fechas y en la actualidad generan pérdidas millonarias. Asimismo crece el temor de la introducción de nuevas enfermedades animales, de las que nuestra cabaña ganadera se encuentra indemne.

 

La entrada ilegal de productos y animales vivos procedentes del exterior de Canarias, no sólo suponen una fuerte competencia para las producciones del Archipiélago, sino que se convierten en un riesgo potencial para los cultivos de las islas, al suponer una posible entrada de nuevas plagas inexistentes hasta el momento. Se cuantifican, según responsables del sector, en más de 45 plagas las introducidas en los últimos años.

 

El insuficiente control que impone Sanidad Exterior, incluso de las mercancías legales, hace que penetren las citadas plagas y enfermedades. También es cierto que las Autoridades de Madrid manifiestan, en repetidas ocasiones, que pronto se dotará a las islas  de más personal para este tipo de controles; sin embargo, la realidad es que seguimos llevándonos sustos de forma continua.

 

Por otro lado se echa en falta mayores controles internos, en los puntos de almacenamiento y de puntos de venta, de los productos introducidos de manera ilegal.

 

Parece oportuno recoger en esta apartado la reciente propuesta de la COAG CANARIAS, presentada al Gobierno de Canarias, donde solicitan incremento de los recursos humanos, técnicos y materiales destinados al control de las importaciones de productos, materiales vegetales y animales por razones de tipo fitosanitario y que se implante en Canarias unidades de actuación fiscal en puertos y aeropuertos.

 

9.1.10. El acceso a la propiedad de la tierra y la falta de relevo generacional.

 

Históricamente la profesión de agricultor se transmitía de generación a generación, con lo que había un número estable o creciente de agricultores año tras año.

 

En la actualidad este relevo generacional es ya insuficiente para mantener la superficie cultivada y es manifiesto el abandono de muchos de los cultivos y no sólo por falta de rentabilidad de los mismos.

 

El hecho de que entre los jóvenes haya resistencia a trabajar en la actividad agraria se debe a varios factores:

 

q       Las mejores oportunidades salariares en otros sectores económicos que los ahuyentan de la agricultura y ganadería.

q       La preferencia de los jóvenes por otros trabajos que requieren un menor esfuerzo y que están mejor considerados socialmente.

q       Las dificultades de acceder a financiación para modernizar las explotaciones.

q       La dificultad de acceder a la propiedad de la tierra por su elevado precio en el mercado y por la escasa disposición de los propietarios a arrendarlas.

q       Un sistema de herencia que ha fragmentado las propiedades en parcelas de reducida dimensión, pudiendo ocurrir, además, que los herederos no estén interesados en mantener la actividad agraria.

 

La fragmentación de la propiedad es, a su vez, uno de los obstáculos para la modernización y mecanización de las explotaciones, ya que éstas son cada vez más pequeñas y con ratios de rentabilidad más bajos, lo que genera un creciente número de agricultores a tiempo parcial. Por otro lado, el descenso de las subvenciones para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria ha agravado la ya de por si preocupante situación.

 

Además se constata, a través del Plan Director de Actuaciones para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en las Medianías de Canarias, elaborado por el Gobierno de Canarias,  que el número de jóvenes que se incorporan a la agricultura lo hacen en el sector de agricultura de exportación, siendo minoritarios los que lo hacen en la agricultura de mercado interior.

 

 

9.1.11. El coste de la insularidad

La insularidad constituye uno de los handicaps de la economía canaria. La discontinuidad territorial respecto al resto de España, transmite efectos y externalidades de repercusión negativa. El reducido tamaño del mercado provoca un abanico de condicionantes que limita el desarrollo de las actividades empresariales. Es evidente que los avances tecnológicos combaten la distancia y aminoran los impactos temporales y económicos, pero  la insularidad continúa y continuará teniendo su incidencia negativa en nuestra economía.

 

La mayoría de las mercancías que entran o salen tienen que hacerlo por vía marítima, jugando el transporte marítimo un papel estratégico y vital. Una proporción muy elevada de los bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y de capital que llegan a Canarias lo hacen por esta vía. Sin embargo, las producciones más perecederas que se exportan deben usar el transporte aéreo (flores, plantas ornamentales,,,) con lo que ven agravado la incidencia de los costes de transporte en la rentabilidad de la explotación. El tráfico exterior de mercancías se encuentra liberalizado y opera con relativa eficiencia tanto en lo que se refiere al tráfico desde el exterior a Canarias como de Canarias hacia el exterior. En obvio en cualquier caso que todas las exportaciones de Gran Canaria hacia el exterior tienen un sobre coste por la necesidad de utilizar el transporte para llegar hasta el destino de venta, pero además los exportadores se encuentran ante la desventaja que no controlan los canales de comercialización. El coste del transporte de las mercancías canarias exportadas o importadas es 4 veces más caro que el transporte de las mercancías peninsulares. Ello también hace que las mercancías importadas tengan que ser adquiridas en un volumen elevado que permita aminorar estos costes, pero por el contrario ello eleva los costes de almacenamiento que se cuantifica en un 7,6 % del total facturado.

 

En estudios realizados por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, se cuantifica que el coste de la insularidad es especialmente importante en la factura del transporte de mercancías importadas, que alcanza el 9,2 % del coste total. En el caso de las mercancías exportadas dicho coste supone un 8.3 % del coste total.

 

Parece necesario mantener subvenciones tanto a la importación como a la exportación para, por un lado, mantener el nivel de vida de los habitantes de las islas y, por otro, hacer competitivas las mercancías canarias en los mercados de destino.

 

 

9.1.12. Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural en Canarias.

 

Por todo lo expuesto, se hace necesario el establecimiento de una normativa base en la que se analicen de forma genérica la problemática del sector agrario, y se diseñan las políticas para potenciar su desarrollo. Esta Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural, debe establecer las directrices para orientar las intervenciones de las instituciones públicas en la economía agraria y el medio rural, con el objeto de mejorar las condiciones de vida y trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. En la misma se deben recoger aspectos tan diversos e importantes para el sector agrario como la formación, la prevención de riesgos, la potenciación de asociacionismo, la promoción de productos sanos y de calidad o las mejoras en la comercialización.